Fuerte rechazo del poggismo a la designación de fiscales y defensores interinos: “Basta de designar amigos del poder que desaprueban exámenes”

Luego de un debate de más de dos horas, el kirchnerismo de San Luis rechazó una declaración del bloque Unidos por San Luis que manifestaba preocupación y repudio por un “nuevo atropello” del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá al Poder Judicial por la designación de fiscales y defensores adjuntos calificados como “no recomendables”.

En otro punto los diputados opositores solicitaban al Superior Tribunal de Justicia que no les tome juramento a los funcionarios nominados por Rodríguez Saá saltando el ordenamiento legal de selección. El oficialismo desestimó la iniciativa por 24 votos a 12.

La crítica de la oposición se centró, además de no estar aptos para el cargo, en que la mayoría de los fiscales y defensores están alineados con el rodriguezaismo.

“Dejen de meter la mano en la Justicia, permitan que trabaje de manera independiente. ¿Por qué permanentemente quieren entrometerse en el Poder Judicial?”, machacó en su intervención el jefe de la bancada de Unidos por San Luis, Gastón Hissa.

El legislador le pidió a Rodríguez Saá que “deje de poner los amigos del poder en la Justicia” y que quienes sean designados “aprueben los exámenes”.

“No podemos permitir que esas personas asuman esos cargos cuando no son idóneos. Los jueces deben impartir justicia, ser imparciales, transparentes, generar confianza en la persona que es sometida a un proceso judicial”, sostuvo.

Y agregó: “Más allá de que se diga que un artículo (el 118) de la Ley Orgánica de Administración de Justicia habilitaba al Ejecutivo a llamar a cubrir esos cargos de manera interina, no hay que hacer abuso de las normas”.

“Seamos racionales, utilicemos el sentido común, no podemos avalar este tipo de conductas. El año pasado trabajamos y acompañamos las reformas en el Código Procesal Penal, pero no era para que el gobernador designe a los amigos”, señaló.

Por su parte, la jefa del bloque Fuerza San Luis, Gloria Petrino, justificó el procedimiento de designación.

“La ley sancionada el año pasado, prevé en su artículo 118 una vía extraordinaria de nombramiento con una cláusula transitoria para resolver la necesidad de nombrar funcionarios hasta tanto el Poder Judicial dé cumplimiento a la vía ordinaria de llamar a concurso. Cuando comenzó a aplicarse el nuevo sistema, generó problemas en todos los juzgados en la urgencia y en el deber a dar cumplimiento. Estos cargos se van a vencer, son por 18 meses”, explicó.

Reveló que ahora el Gobierno decidió “no incluirlos ni siquiera en el proceso de 18 meses” a quienes desaprobaron la evaluación.

“No es fácil para nuestros profesionales rendir porque pasamos del sistema inquisitivo a acusatorio, por eso hubo tantos que reprobaron”, excusó.

“Esto no nos significa ningún repudio ni preocupación porque vemos cómo ambos poderes se están ocupando en cumplir con la ley”, dijo y explicó que quienes rindieron la semana pasada lo hicieron en el marco del procedimiento ordinario de selección de magistrados.

Charly Pereira también criticó fuertemente las nominaciones: “Se designaron amigos y empleados del poder, que cumplían funciones en el Ejecutivo, le hemos dado a ese perfil de personas la titularidad de la acción punitiva del Estado, hay una gravedad institucional que no podemos naturalizar”.

“¿Eligieron a esas personas porque no creen en el mérito sino en el privilegio? Les pidieron a esos jóvenes abogados que asuman y tomen esas responsabilidades”, indicó.

“Todos estos funcionarios, carecen de antecedentes y de idoneidad para el cargo”, finalizó.

Del debate también participaron Luis Lucero Guillet, Berta Arenas, Verónica Causi, Mario Alume, Analía Agüero, Sonia Delarco, Federico Berardo y Mirtha Ochoa.